Combatir la violencia y los delitos contra los periodistas
«Los periodistas independientes protegen la libertad de expresión y garantizan el acceso a la información de todos los ciudadanos. Contribuyen a afianzar los fundamentos de la democracia y de las sociedades abiertas. La impunidad de los delitos contra periodistas tiene que acabar, en nuestros países y en el resto del mundo», han manifestado en una declaración conjunta con motivo de este Día Internacional Josep Borrell, alto representante y vicepresidente de la Comisión, y Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión.
Precisamente en este contexto de ataques cada vez más frecuentes contra la prensa libre en el mundo, los periodistas Maria Ressa y Dmitri Muratov han recibido el Premio Nobel de la Paz de 2021. Este galardón es un reconocimiento de la creciente represión que sufren los medios de comunicación y del importante papel que desempeñan los periodistas a la hora sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos. Encarcelada y destinataria de más de noventa mensajes de odio por hora en Facebook, la periodista Maria Ressa, que publicó artículos críticos con las autoridades de su país, fue objeto de múltiples acusaciones penales y se convirtió en víctima de una persistente campaña de insultos de carácter sexista en línea.
Al recibir el Premio Nobel de la Paz de 2021, Dimitry Muratov señaló que los verdaderos galardonados tendrían que haber sido quienes han perdido la vida ejerciendo su profesión. El premio se otorgó un día después del decimoquinto aniversario del asesinato de Anna Politkovskaya, una de los seis periodistas asesinados de la Novaya Gazeta. Envenenada, detenida, víctima de un simulacro de ejecución y finalmente asesinada en octubre de 2006, Anna Politkovskaya se había negado durante siete años a dejar de informar sobre la guerra en Chechenia, a pesar de haber sufrido numerosas intimidaciones y actos de violencia.
Los ataques contra periodistas son un fenómeno presente en casi todos los países del mundo. Entre 2006 y 2020, más de 1 200 periodistas perdieron la vida por divulgar noticias. Lo más vergonzoso es que, según datos de la Unesco, solo uno de cada diez asesinatos de periodistas se salda con el enjuiciamiento y la condena de los autores.
En 2021, el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas destaca el papel decisivo que desempeñan los ministerios fiscales en la investigación y enjuiciamiento no solo de los asesinatos, sino también de las amenazas de violencia de que son objeto los periodistas.
Varios factores explican la impunidad de estos delitos: la obstrucción de las investigaciones, la obstrucción a la justicia, la carga de trabajo del propio sistema judicial, atascado por falta de recursos humanos y financieros, la corrupción, la falta de transparencia o la falta de conocimientos. A menudo, los asesinatos de periodistas son considerados «delitos comunes» sin relación con su profesión. Ahora bien, para avanzar hay que empezar por reconocer la complejidad de estos delitos y tipificarlos como delitos contra la libertad de expresión, y no solo como delitos contra personas.
Las periodistas son con especial frecuencia víctimas de amenazas y ataques, en particular en línea. Según un reciente documento de reflexión de la Unesco, The Chilling: Global trends in online violence against women journalists (enlace externo) [Parálisis: tendencias mundiales de la violencia en línea contra mujeres periodistas], el 73 % de las periodistas consultadas dijeron haber sido víctimas de amenazas, intimidaciones e insultos en línea en relación con su trabajo. La violencia en línea contra mujeres tiene por objeto producir un efecto de parálisis que las disuada de participar activamente en el debate público.
Por esa razón, la Comisión Europea publicó en septiembre de 2021 una Recomendación sobre la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas en la que proponía medidas concretas:
- la creación de centros de coordinación conjunta,
- servicios de apoyo a las víctimas,
- mecanismos de alerta temprana que se ocupen de los riesgos específicos que corren las periodistas.
La Comisión también recomienda un enjuiciamiento más riguroso y efectivo de los actos delictivos, la cooperación con los servicios de seguridad, mecanismos de respuesta rápida y una protección económica y social. Se está preparando otra iniciativa específica destinada a atajar los procesos judiciales entablados para frenar la participación pública, que están afectando cada vez más a la labor de los periodistas independientes.
