La Unión Europea toma nota de la reforma de la Ley Electoral aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 4 de mayo y del nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral.

Desafortunadamente, ni la reforma ni los nombramientos se ajustan a las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y a las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos. Las decisiones que ha tomado Nicaragua no son resultado del diálogo entre el Gobierno y los grupos de la oposición que la UE ha solicitado en repetidas ocasiones. Con ellas, Nicaragua se aleja un paso más de una solución integradora, democrática y pacífica a la crisis política en la que sigue inmerso el país.

La UE seguirá aplicando una política de colaboración constructiva y crítica con las autoridades nicaragüenses y utilizará todos sus instrumentos pertinentes para apoyar el Estado de Derecho y la celebración de unas elecciones creíbles, integradoras y transparentes en noviembre de este año.