La Unión Europea condena el cierre arbitrario de siete emisoras de radio católicas por parte de las autoridades nicaragüenses el pasado 1ro de agosto, y de otras dos emisoras de radio y televisión comunitarias poco después. Se utilizó una fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones y para intimidar y dispersar a los manifestantes desarmados con gases lacrimógenos y disparos. Esto constituye otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias.  

Desde 2018, el Gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, acoso e intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otros líderes. En la actualidad, Nicaragua cuenta con más de 180 presos políticos, encarcelados sin respeto a la Constitución nicaragüense, el derecho penal y el debido proceso.

En el primer semestre de 2022, las autoridades han cerrado más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil, sin una justificación adecuada. Como resultado, miles de nicaragüenses de los sectores más vulnerables se han quedado sin asistencia. 

Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos. Asimismo, la UE reitera su llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus condenas.

La Unión Europea continuará siguiendo de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de Derecho.