La Unión Europea mantiene desde hace años una postura firme respaldando la vía electoral y democrática como la única solución a la crisis venezolana. Por eso hemos puesto todas nuestras herramientas políticas y diplomáticas al servicio de ese objetivo, incluyendo nuestra Misión de Observación Electoral a las elecciones municipales y regionales de 2021, cuyas recomendaciones continúan siendo un referente para la sociedad civil y la oposición en Venezuela. Si no ha habido Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en estas últimas elecciones presidenciales es porque las autoridades venezolanas nos retiraron la invitación.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció el día 2 de agosto los resultados de estas elecciones, declarando a Nicolás Maduro como presidente-electo incluso antes de finalizar el recuento de votos. El Centro Carter, que sí fue invitado por el gobierno venezolano junto al Panel de Expertos de la ONU, y pudo enviar una pequeña misión de observadores y expertos, ha destacado que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral (…) El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”. En efecto, hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas oficiales de votación de los colegios electorales, a pesar de haberse comprometido a hacerlo. En lugar de ello, el poder ejecutivo venezolano ha encomendado al poder judicial que certifique la validez de los resultados anunciados por el poder electoral venezolano, uno de los cinco poderes públicos en Venezuela. Sin embargo, este no es el proceder habitual de acuerdo con el ordenamiento constitucional venezolano. Como han destacado los Cancilleres de Brasil, Colombia y México en su comunicado conjunto, el CNE es el órgano al que corresponde legalmente la divulgación de los resultados electorales.

Al mismo tiempo, la oposición, más allá de un gran esfuerzo de coordinación, organización y movilización en defensa del voto, ha actuado con transparencia. Gracias a la presencia de casi 90.000 testigos de mesa de la oposición en los centros de votación y a la valentía y espíritu democrático de los venezolanos, han conseguido escanear y registrar más del 80% de las actas electorales certificadas expedidas por las máquinas de votación, las digitalizaron y publicaron. El sistema es sencillo: cuando se cierra la votación, los miembros de mesa, testigos y operadores firman en la pantalla el acta de escrutinio, que incluye la cantidad de votos recibidos por cada candidato, desglosado por partido político. La máquina de votación imprime el acta de escrutinio y envía los resultados al CNE mediante líneas dedicadas y encriptadas. Finalmente, los testigos de diferentes partidos reciben copias en papel de las actas oficiales, que son las que la oposición ha logrado reunir y publicar. Varias organizaciones y medios independientes, incluyendo el Carter Center, las han analizado y corroborado como fehacientes. En base a las actas publicadas por la oposición, como he anunciado en nombre de la UE en una declaración acordada por los 27 Estados Miembros, Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa.

La solución a este impasse reside en el diálogo, la transparencia y el respeto de la soberanía y voluntad del pueblo venezolano. Por ello hemos insistido tanto, y seguimos insistiendo de forma unánime los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, en la publicación de las actas y en la verificación independiente de las mismas como única manera de garantizar la integridad de los resultados electorales de acuerdo con la soberanía popular. El retraso en la publicación completa de las actas sólo arroja más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente. La ONU, a partir del trabajo realizado por el panel de expertos, podría desempeñar un papel activo para asegurar un proceso de verificación independiente.

Venezuela está atravesando momentos críticos. La comunidad internacional debe defender el proceso democrático y garantizar las condiciones para que el pueblo venezolano ejerza sus derechos civiles y políticos. Hay que evitar que la fractura política degenere en enfrentamientos en las calles. Para ello, el diálogo político entre las partes venezolanas es indispensable. Y la comunidad internacional debe apoyarlo. Pero no cualquier diálogo. Si se da una salida en falso a esta crisis, una salida que no refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas, si no se inicia una transición democrática, lo pagará el pueblo venezolano que tanto ha sufrido ya. Lo pagará la economía venezolana. Y lo pagará la región, ya que la desesperanza y la falta de horizontes empujará a la migración y al exilio a muchos venezolanos, además de los más de 7,7 millones de venezolanos que ya han huido del país. Una nueva ola migratoria afectaría todavía más a países que han sido muy generosos pero que viven situaciones sociales y económicas difíciles.

El impacto político y social de esta crisis en el corazón de América del Sur, que dura ya una década, trasciende las fronteras y afecta la defensa misma de la democracia. Como nos recuerda la posición que ha adoptado el Presidente Boric, debemos impedir que el debate sobre Venezuela derive en interesados enfrentamientos ideológicos. No estamos frente a una cuestión ideológica, sino algo mucho más importante: el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica.

Siempre he dicho que lo que más nos une a europeos y latinoamericanos es la voluntad de vivir en libertad, la dignidad de dirimir nuestras diferencias a través del diálogo y las elecciones democráticas. El estado de derecho se basa no solo en elecciones transparentes y competitivas sino también en instituciones fuertes que respetan y hacen respetar los derechos fundamentales.  Eso es lo que quieren y merecen los venezolanos.

Por todo ello, he apelado a la unidad de América Latina para hacer frente a esta crisis y por eso la Unión Europea seguirá apoyando los esfuerzos de la región, incluyendo la mediación liderada por Brasil, Colombia y México, con cuyos Cancilleres sigo en contacto, para alumbrar una salida democrática y pacífica, con garantías para todos.

Pero mientras tanto, las autoridades han desencadenado una ola represiva sobre el país que afecta sobre todo a los territorios alejados del foco mediático de Caracas. Ahora mismo, además de las actas y un diálogo franco para restaurar la democracia, lo más urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin y de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, y que todos los presos políticos sean puestos en libertad. El hostigamiento y las amenazas en contra de las fuerzas democráticas opositoras y los periodistas y medios de comunicación debe detenerse. Las libertades, incluida la libertad de expresión e información han de protegerse. Por eso, la UE sigue defendiendo que, sin más demora, se permita el retorno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Caracas.

Enlaces:

Declaración del Alto Representante en nombre de la Unión Europea, sobre lo ocurrido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio (4 de agosto de 2024)

Declaración del Alto Representante Josep Borrell sobre la situación tras las elecciones presidenciales (30 de julio de 2024)

Declaración del Alto Representante Josep Borrell sobre las elecciones presidenciales (29 de julio de 2024)