Misión de observación electoral de la Unión Europea 

El Salvador 2018

El Tribunal Supremo Electoral organizó elecciones complejas implementando reformas electorales introducidas por la Sala del Constitucional

San Salvador, 06/03/2018 - 18:05, UNIQUE ID: 180306_27
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Esta declaración preliminar de la misión de observación electoral de la UE (MOE) se entrega antes de que concluya todo el proceso electoral. Faltan por completar etapas críticas, incluyendo el escrutinio final y la resolución de recursos. La MOE de la UE sólo está en condiciones de comentar ahora la observación realizada hasta la fecha, y posteriormente publicará un informe final, que incluirá un análisis completo y recomendaciones para la reforma electoral. La MOE de la UE también podría emitir declaraciones adicionales sobre asuntos relacionados con las elecciones cuando y como lo considere oportuno.

DECLARACIÓN PRELIMINAR

6 de marzo 2018

 

El Tribunal Supremo Electoral organizó elecciones complejas implementando reformas electorales introducidas por la Sala del Constitucional

 

Esta declaración preliminar de la misión de observación electoral de la UE (MOE) se entrega antes de que concluya todo el proceso electoral. Faltan por completar etapas críticas, incluyendo el escrutinio final y la resolución de recursos. La MOE de la UE sólo está en condiciones de comentar ahora la observación realizada hasta la fecha, y posteriormente publicará un informe final, que incluirá un análisis completo y recomendaciones para la reforma electoral. La MOE de la UE también podría emitir declaraciones adicionales sobre asuntos relacionados con las elecciones cuando y como lo considere oportuno.

 

Resumen

 

  • El Tribunal Supremo Electoral (TSE) demostró su habilidad para llevar a cabo unas elecciones bien organizadas a pesar de cambios hechos al sistema electoral y a los recortes presupuestarios. Desde los registros de votantes y de candidatos hasta las votaciones, conteo y transmisión de resultados, los procedimientos fueron ampliamente seguidos de forma transparente y con las garantías suficientes, a pesar de haberse observado una gran presencia partidista y centros de votación muy concurridos. Por medio de un proceso inclusivo el Tribunal Supremo Electoral registró 1.164 candidatos para la Asamblea Legislativa y 20.145 candidatos municipales. Los actores relevantes reportaron sentir confianza en el padrón electoral.
  • La campaña electoral fue de bajo perfil y se caracterizó por una campaña de puerta a puerta y pequeñas concentraciones. La madurez política de los candidatos contribuyó al proceso electoral más tranquilo desde los Acuerdos de Paz de 1992. A pesar de la polarización política, las relaciones entre los candidatos fueron respetuosas a lo largo de la campaña, con algunos incidentes menores aislados. Los partidos recibieron fondos públicos a pesar del incumplimiento de la decisión de la Sala de lo Constitucional que para ser elegible para fondos públicos les era requerido informar detalladamente sobre el origen y el gasto de los fondos de campaña.
  • Se observó que los alcaldes en funciones utilizaron infraestructura y a los funcionarios públicos con fines de hacer campaña, y la mayoría de los candidatos no tomaron una licencia sin goce de sueldo, mezclando así responsabilidades profesionales con la política partidista. La compra de votos en efectivo o en especie está prohibida de conformidad al Código Penal, sin embargo, durante la campaña, muchos candidatos municipales y algunos candidatos legislativos distribuyeron suministros de hogar y construcción o alimentos básicos sin ser sancionados.
  • La Sala de lo Constitucional introdujo reformas electorales que fueron considerados  avances democráticos tal como la introducción de miembros de mesa no partidarios y nuevos criterios para las elecciones internas de los partidos. Muchos de ellos están en consonancia con las anteriores recomendaciones de la misión de la UE, pero se introdujeron sin una consulta amplia con las partes interesadas. El TSE se enfrentó al desafío de implementar una serie de cambios significativos en la gestión electoral dentro de un plazo ajustado. Aunque se observaron avances en el marco legal electoral, la MOE de la UE observó la continuidad de varias debilidades, incluyendo los desafíos en la capacidad del TSE para investigar y sancionar las infracciones electorales a tiempo.
  • En vista de las nuevas tareas asignadas al TSE a raíz de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el TSE aumentó su estimación presupuestaria. En una aparente violación de la autonomía financiera del TSE, el presupuesto solicitado para las elecciones del 2018 fue recortado en un 35% por el Ministerio de Hacienda antes de ser enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Las restricciones presupuestarias impactaron negativamente su autonomía en la toma de decisiones y en sus capacidades operacionales en áreas claves del proceso electoral, tales como la transmisión y procesamiento de resultados, educación al votante y capacitación a las juntas receptoras de votos. Sin embargo, el TSE implementó las decisiones de la Sala y llevó a cabo los preparativos logísticos de las elecciones de manera eficiente.
  • La Sala del Constitucional inició la "ciudadanización" de los organismos electorales para desvincular la administración electoral del control partidista, como lo recomendaron las anteriores misiones de observación de la UE. Sin embargo, el proceso sigue incompleto, ya que los partidos políticos conservan el derecho a proponer miembros de todos los organismos electorales a pesar de la prohibición de su afiliación política formal. La MOE de la UE observó que la mayoría de los miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y de las Juntas Electorales Municipales (JEM) mantuvieron un estrecho vínculo con el partido político que los propuso.
  • A pesar de varias candidatas femeninas exitosas, las mujeres están condicionadas a roles tradicionales, la violencia de género y la falta de apoyo financiero para buscar cargos públicos. La MOE observó que en varias reuniones políticas se utilizó un lenguaje despectivo hacia las mujeres. A pesar de adelantos jurídicos, se podrían adoptar medidas para promover la elección de alcaldesas. El TSE hizo esfuerzos conjuntos para proteger los derechos políticos de grupos vulnerables, tales como las personas con discapacidades y los votantes transgénero.
  • La educación electoral al votante fue mínima durante la mayor parte del periodo anterior a las elecciones, especialmente en el complejo voto cruzado.
  • La libertad de expresión ha sido en general respetada. Una brecha enorme separó a los partidos políticos en términos de propaganda pagada, con un predominio claro del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) y de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Los medios de comunicación estatales cumplieron con la obligación de ofrecer a los partidos políticos tiempo libre, aunque no existe tal disposición para los candidatos independientes. ARENA y la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) denunciaron la falta de acceso a la televisión pública y a la radio, mientras que el FMLN criticó la actitud hostil de los medios conservadores. La presión sobre los medios de comunicación o a los periodistas persistió durante toda la campaña y tuvo el efecto de autocensura.
  • Las elecciones fueron observadas por más de 2.600 observadores nacionales e internacionales. Los observadores disfrutaron de verdadera libertad para observar sin restricciones.

 

 

 

 

 

 

Hallazgos Preliminares

 

  1. Antecedentes

 

El 4 de marzo los salvadoreños fueron a las urnas para elegir a 84 miembros de la Asamblea Legislativa y 262 Consejos Municipales por un período de tres años de mandato. Estas fueron las decimoquintas elecciones en El Salvador desde los Acuerdos de Paz de 1992. Fueron también las segundas elecciones legislativas bajo la modalidad de voto cruzado, un sistema de listas abiertas que permite a un votante seleccionar nombres de más de una lista de partidos. Diez partidos se presentaron a las elecciones, algunos formando coaliciones en los 14 departamentos y 262 municipalidades.

 

Las elecciones no son sólo una prueba de fuego política para las elecciones presidenciales del próximo año, son también importantes porque la nueva Asamblea Legislativa elegirá a los miembros de instituciones estatales claves, incluyendo el TSE, la Corte de Cuentas, el Fiscal General, el Procurador de los Derechos Humanos y a cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para un período de nueve años. Estos últimos nombramientos son particularmente relevantes debido a los cambios institucionales y políticos fundamentales desencadenados por las decisiones de la actual Sala de lo Constitucional.

 

  1. Contexto Electoral

 

La madurez política de los candidatos contribuyó a fomentar el proceso electoral más tranquilo desde los Acuerdos de Paz de 1992.

 

La campaña electoral fue de bajo perfil y se caracterizó por una campaña de puerta a puerta y pequeñas concentraciones. El periodo de silencio electoral, incluido durante el día de las elecciones, no fue respetado. La precampaña para las elecciones presidenciales del 2019 eclipsó hasta cierto punto la campaña para las elecciones actuales. Además, se espera poca renovación en la Asamblea Legislativa, ya que 67 de los actuales 84 diputados buscaron la reelección. La baja participación esperada podría ser un reflejo del descontento con la oferta política de los dos partidos políticos principales, podría también ser atribuido en parte a la llamada del popular alcalde de San Salvador por el voto nulo como voto de protesta.  

 

A pesar de la polarización política, las relaciones entre los candidatos fueron respetuosas, con pocos incidentes menores tales como la destrucción de la propaganda de campaña y escaramuzas entre militantes de los partidos. En muchos departamentos y municipios, partidos y candidatos en competencia firmaron pactos formales de no agresión, con frecuencia bajo los auspicios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Los partidos más establecidos se unificaron en su disgusto por el voto cruzado, quejándose de que les costaría "fracciones de votos".

 

A pesar de una prohibición explícita en la Ley Electoral, se observó que los alcaldes en funciones utilizaron la infraestructura del estado y a los funcionarios públicos para hacer campaña y la mayoría de los candidatos no tomaron la licencia sin goce de sueldo, mezclando así responsabilidades profesionales con la política partidista. La compra de votos en efectivo o en especie está prohibida de conformidad al Código Penal, sin embargo, muchos candidatos distribuyeron suministros de hogar y construcción o alimentos básicos sin ser sancionados. Asimismo, muchos candidatos y la mayoría de los partidos practicaron la compra indirecta de votos pagando la cuota de 10.31 dólares americanos por la renovación de los documentos únicos de identidad (DUI) caducados. En esta transacción, los datos del ciudadano fueron registrados para permitir la verificación posterior de la emisión de voto.

 

En el 2012, la UE recomendó pasar de un "ganador absoluto" a un sistema de Concejos Municipales plurales. Su implementación por primera vez en el 2015 fue un factor que redujo las tensiones en la campaña al introducir un sistema cooperativo que fomenta el diálogo y la negociación. Entre las 46 alianzas a nivel municipal para las elecciones del 2018, doce cerraron la brecha ideológica izquierda-derecha, ya que comprendían combinaciones del FMLN, GANA y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Todos los partidos consultados por la misión consideraron muy positiva la experiencia de los consejos plurales.

 

El TSE es la autoridad legal mandatada de verificar los registros financieros del financiamiento público y privado de los partidos políticos y los candidatos independientes. La ley establece límites a la cantidad máxima de donaciones privadas individuales y restringe el posible origen de las contribuciones. Los candidatos independientes, debido a un vacío legal, sólo cuentan con contribuciones privadas como una fuente de apoyo financiero.

 

La Sala de lo Constitucional ordenó la suspensión del financiamiento público hasta que los partidos políticos cumplieran detalladamente con el requisito legal de informar sobre el origen y el gasto de los fondos de la campaña. El TSE declaró públicamente que carecía de los recursos humanos para comprobar de manera efectiva los registros financieros. Contrariamente a la sentencia de la Sala, el Ministerio de Hacienda distribuyó 7 millones de dólares a cinco partidos (FMLN, ARENA, GANA, PCN, PDC), declarando que confiaba en la capacidad de supervisión del TSE.

 

El impacto de las pandillas criminales (maras) en el proceso electoral es difícil de cuantificar. Los actores nacionales relevantes informaron que alrededor de dos tercios del territorio del país está bajo la influencia de las pandillas. Si bien los observadores de la UE no informaron de que las pandillas constituían un peso político indirecto, el TSE experimentó problemas al entregar las cartas de asignación al personal electoral seleccionado en algunos sectores controlados por las pandillas y tuvo que considerar este factor al localizar centros de votación.

 

  1. Marco Legal

 

En respuesta a demandas de los ciudadanos, la Sala de lo Constitucional tomó la iniciativa de impulsar reformas electorales positivas, que podrían haberse beneficiado de un consenso más amplio con los actores claves relevantes.

 

En respuesta a peticiones orientadas a la protección de derechos constitucionales, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia inició reformas electorales y emitió desde las últimas elecciones en el 2015 alrededor de 10 sentencias. A pesar de la falta de intercambio consultivo con los actores relevantes, la Asamblea Legislativa y el TSE implementaron todos los fallos. El TSE se vio retado a ejecutar una serie de cambios en el marco legal, cuya aplicación obligatoria de estas resoluciones no estaba vinculada al necesario presupuesto adicional. La falta de propiedad del TSE de tales decisiones y las carencias en explicarlas al público parecen ser los factores que contribuyeron a la disminución de la confianza pública en la institución.

 

Antes de las elecciones de 2015, una resolución de la Sala había impactado al sistema electoral al introducir la posibilidad de elegir candidatos de más de una lista de partidos. Una de las 10 resoluciones desde el 2015 fue introducir la no afiliación política formal de los miembros de todos los organismos electorales. Otras resoluciones introdujeron nuevos criterios para las elecciones internas de partidos, la posibilidad que los ciudadanos impugnen las decisiones del TSE, y permitir a los miembros de la policía y de las fuerzas armadas votar en el centro de votación donde son desplegados el día de las elecciones. La Sala también consideró que el transfuguismo era inconstitucional.

 

A pesar de las abundantes reformas electorales, la MOE de la UE observó la persistencia de varias debilidades en el marco legal, incluyendo los desafíos a la capacidad del TSE para investigar y sancionar las infracciones electorales a tiempo, en gran medida debido a los limitados recursos humanos, sanciones ineficaces por la violación a las reglas de campaña y un marco legal inadecuado para los medios de comunicación.

 

El Salvador ratificó los tratados internacionales y regionales más significativos para la protección de los derechos humanos y el gobierno democrático, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, los Convenios sobre los Derechos Políticos de la Mujer y los Derechos de las Personas con Discapacidad.[1]

 

La legislación nacional integra los principios fundamentales para la realización de elecciones democráticas en su Constitución y leyes primarias.[2] El Salvador también aprobó leyes específicamente dirigidas a proteger a grupos vulnerables como las mujeres y los ciudadanos discapacitados y reconoce la protección de los pueblos indígenas en su Constitución.

 

  1. Administración Electoral

 

El TSE actuó bajo presión tras las decisiones de la Sala de lo Constitucional y las restricciones presupuestarias. Estos factores desafiaron su capacidad de ejecución y su papel como la máxima autoridad electoral.

 

La ley electoral define al TSE como la máxima autoridad electoral, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. Debería gozar de plena autonomía financiera, especialmente en los años de elecciones. No se tomó en cuenta la posibilidad de separación de las funciones administrativas y judiciales recomendada por las misiones anteriores de la UE. Los observadores de la UE señalaron que las juntas electorales departamentales y municipales a veces carecían de una comunicación efectiva con el nivel central y que esto ocasionaba enfoques diferenciados en la toma de decisiones jurisdiccionales.

 

En vista de las nuevas tareas asignadas al TSE después de las resoluciones de la Sala, el TSE aumentó su estimación presupuestaria. En una aparente violación de la autonomía financiera del TSE, el presupuesto solicitado para las elecciones del 2018 fue reducido en un 35% por el Ministerio de Hacienda antes de ser enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Las limitaciones presupuestarias impactaron negativamente su autonomía de toma de decisiones[3] y sus capacidades operativas en áreas clave del proceso electoral, tales como la transmisión y procesamiento de resultados, la educación al votante y la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de votos (JRV). La función jurisdiccional del TSE para investigar y sancionar las infracciones electorales sigue obstaculizada debido a graves limitaciones presupuestarias.

 

  1. Preparativos Electorales

 

Los preparativos electorales fueron adecuados y profesionales y los pocos retrasos en el calendario electoral tuvieron escaso impacto en la logística electoral. El TSE manejó exitosamente la nueva tarea de entrenar a suficiente número de personal electoral para establecer juntas receptoras de voto en todo el país.

 

Los preparativos electorales fueron adecuados y generalmente puntuales, siguiendo el calendario operacional en el Plan General de Elecciones (PLAGEL). La impresión de las papeletas fue retrasada debido al proceso tardío de la aprobación de las planillas de candidatos, pero esto no afectó la entrega oportuna y bien organizada del material electoral. Las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Juntas Electorales Municipales (JEM) en general, fueron capaces de ejecutar sus tareas a pesar de los problemas de comunicación y coordinación ocasionales con la Dirección de Organización Electoral del TSE (DOE).

 

La Sala de lo Constitucional inició la "ciudadanización" de los organismos electorales, para desvincular la administración electoral del control partidista, como fue recomendado por las misiones anteriores de la UE. Sin embargo, el proceso sigue siendo incompleto, dado que los partidos políticos conservan el derecho de proponer a miembros de todos los organismos electorales a pesar de la prohibición de la afiliación política formal. La MOE de la UE observó que la mayoría de los miembros de las JED y las JEM mantuvieron un estrecho vínculo con la instancia política que los propuso.

 

Previamente conducida y pagada por los partidos políticos, la capacitación de los miembros de JRV ahora es responsabilidad del TSE. Encargado de la tarea de capacitar a casi 100.000 trabajadores electorales con poca o ninguna experiencia electoral, el TSE llevó a cabo un programa de capacitación de alta calidad durante un período de cuatro meses. Sin capacidad de llevar a cabo los dos entrenamientos solicitados a todo el personal electoral, el TSE logró entrenar a suficientes trabajadores para garantizar el quórum legal en todas las juntas receptoras de voto. Debido a que el proceso de capacitación fue en alguna medida retrasado, la juramentación de los trabajadores electorales ocurrió después del plazo legal.

 

El requisito que los miembros de los organismos electorales no pertenezcan a partidos, combinado con la dificultad de los partidos políticos para proponer suficientes nombres, hizo necesario un sorteo público para completar las juntas receptoras de votos. No se observó que la participación de los ciudadanos en la administración electoral  fuera adecuadamente planificada ni explicada a la población; algunos ciudadanos mostraron una falta de entusiasmo en asumir este nuevo deber cívico, un aspecto que los medios de comunicación destacaron en repetidas ocasiones.

 

  1. Registro de Votantes

 

Los actores relevantes expresaron confianza en el registro electoral.

 

El registro de votantes, actualizado periódicamente por el TSE, fue cerrado el 4 de septiembre de 2017, aunque modificaciones residenciales fueron permitidas solo hasta el 3 de marzo 2017. Los 5.186.042 votantes registrados no incluyen a los 300.000 salvadoreños residentes en el extranjero que no serán empadronados para votar en las elecciones legislativas y municipales hasta el 2021. Si bien las partes interesadas consideran de manera general que la calidad del registro es aceptable, se reconoce ampliamente que las listas de electores aún incluyen un número significativo de electores fallecidos, principalmente debido al flujo insuficiente de información entre los municipios y el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), del cual se extrae el registro del votante.

 

  1. Registro de Candidatos

 

El TSE se beneficiaría si mejorara su capacidad para verificar las candidaturas antes del período de la campaña.

 

El registro de las listas de candidatos y candidatos independientes comenzó oficialmente el 5 de octubre del 2017, el día después de la convocatoria de elecciones.[4] Tras una denuncia de candidatos independientes por las demoras del TSE en la expedición de los formularios oficiales de recolección de firmas, la Sala de lo Constitucional amplió el plazo de inscripción al 23 de diciembre. El TSE facilitó el registro de candidatos independientes, a menudo a través de procedimientos informales, para asegurar su registro oportuno.

 

El TSE registró 1.164 candidatos para la Asamblea Legislativa y 20.145 candidatos municipales. Solamente la lista de candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el Departamento de Usulután fue cancelada después de que el partido fallara en reemplazar a un candidato rechazado en el tiempo establecido. Cuatro candidaturas independientes fueron aprobadas para el distrito de San Salvador, sin otros candidatos independientes en el país.

 

Las JED verificaron y registraron las listas de candidatos. Unas 15 apelaciones fueron revisadas por el TSE, algunas de las cuales aún estaban pendientes de una decisión el 4 de febrero, fecha en la que comenzó la campaña electoral municipal. Esto introdujo incertidumbre sobre los candidatos y detuvo la impresión de las papeletas para algunos municipios.

 

  1. Educación Cívica e Información al Votante

 

La educación al votante fue mínima durante la mayor parte del período pre-electoral, especialmente en el tema complejo del voto cruzado.

 

Restringido por recursos limitados, el TSE decidió enfocar sus esfuerzos de comunicación en motivar al personal de las JRV a seguir la formación y a informar a los ciudadanos sobre cómo localizar su centro de votación. A tal efecto, se instalaron kioskos informativos en lugares públicos y se lanzó una campaña de bajo perfil, principalmente a través de los medios sociales y del sitio web del TSE.

 

Hasta finales de febrero, un “Vota bus” que recorría el país y los cursos de formación en línea eran las únicas herramientas disponibles para educar a los ciudadanos sobre cómo votar. Una última campaña de información para los votantes sobre este tema fue finalmente lanzada unos 10 días antes de las elecciones. Los observadores de la UE en todos los departamentos confirmaron la falta de información adecuada para los votantes y no vieron actividades oficiales de educación dirigidas a votantes de pueblos indígenas.

 

  1. Medios de Comunicación

 

Los medios de comunicación ofrecieron una cobertura visible y activa de las elecciones, pero se observaron importantes discrepancias en la propaganda pagada y en los contenidos de las noticias a favor del FMLN y ARENA.

 

La libertad de expresión, salvaguardada en la Constitución, fue respetada en general. El pluralismo mediático fue limitado, ya que se centró mayormente en los principales actores políticos. Según el monitoreo de los medios de la MOE de la UE (del 5 a 28 de febrero)[5], en los principales canales privados de televisión, el FMLN (50%) y ARENA (33%) tomaron la mayor parte de la propaganda pagada, muy por delante de GANA (7%) y otros partidos políticos (10%), mientras que en las noticias y los programas electorales ARENA (31%) y el FMLN (30%) tuvieron acciones importantes, mientras que GANA iba muy por detrás (12%). En los medios de comunicación estatales, aunque el gobierno dominó las noticias y el contenido de las elecciones en Radio Nacional, en Televisión Nacional se observó una cobertura más equilibrada.

La campaña, altamente visible en los medios públicos y privados con cobertura nacional, también fue muy activa en los medios de comunicación locales. Ofreció una gran variedad de entrevistas y debates tanto a nivel legislativo como municipal, centrándose en los distritos electorales de alto riesgo, donde se calentó el tono de la campaña. Los medios de comunicación social fueron ampliamente utilizados por los partidos políticos y los candidatos para promover sus programas y difundir los eventos de la campaña.  No se registraron expresiones de odio en línea o quejas relacionadas, sin embargo, se observaron acusaciones difamatorias entre los contendientes.

 

Los partidos políticos o los candidatos no presentaron al TSE quejas formales en relación con el acceso a los medios de comunicación. El FMLN criticó a la mayoría de los medios privados por retratar líneas editoriales conservadoras hostiles al gobierno. ARENA denunció una discrepancia en el acceso a la televisión estatal. GANA se quejó de la falta de acceso a la radio estatal. Sin embargo, los medios de comunicación estatales, con algunos retrasos, cumplieron con su obligación de ofrecer a los partidos políticos tiempo libre para su propaganda. La ley no contempla el libre acceso para los candidatos independientes, quienes no fueron incluidos en el programa.

 

La propaganda institucional para promover los logros de las instituciones públicas en el mes previo a las elecciones está expresamente prohibida por la ley. No obstante, el Ministerio de Obras Públicas, otras instituciones y organismos estatales y municipalidades a veces publicitaban significativamente en los medios públicos y privados. No se presentaron quejas y no se adoptó ninguna medida por el TSE para hacer cumplir el Reglamento.

 

La presión sobre los medios de comunicación o los periodistas persistió durante toda la campaña y tuvo el efecto de la autocensura. El canal 29 (Gentevé), el principal canal privado de televisión que apoya al FMLN, afirmó estar bajo presión judicial durante la campaña tras una decisión en diciembre del 2017 de situar al canal bajo la dirección del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

 

  1. Grupo de Ciudadanos y Observación

 

Los observadores gozaron de una libertad plena para observar sin restricciones. 

 

Más de 1.700 observadores nacionales fueron acreditados para estas elecciones. Las organizaciones agrupadas más observadas como FUNDAUNGO (500), Iniciativa Social para la Democracia - ISD (550), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social - FUSADES (285) y Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social – FUNDASPAD (400), no experimentaron ningún impedimento para observar. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desplegó a 1.146 observadores para monitorear las elecciones. Contrario a años anteriores, ningún grupo LGBTI observó las elecciones.

 

Más de 900 observadores internacionales fueron acreditados, entre ellos la Unión Europea (80), la Organización de los Estados Americanos (28), el Instituto Republicano Internacional (14), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (40) y la Embajada de los Estados Unidos de América (29). Los observadores gozaron de una libertad plena para observar sin restricciones. 

 

  1. Participación Política de las Mujeres

 

A pesar de varias candidatas femeninas exitosas, las mujeres están condicionadas a los roles tradicionales, la violencia de género y a la falta de apoyo financiero para aspirar a cargos públicos.

 

En El Salvador las mujeres representan el 53,1% del electorado. Unas 237 mujeres se postularon como candidatas y 316 como suplentes de la Asamblea Legislativa y unas 8,649 mujeres para los Concejos Municipales, lo que sobrepasa el contingente legal del 30%. A pesar de adelantos jurídicos, la adopción de medidas para promover la elección de alcaldesas podría mejorar aún más la representación de las mujeres.

 

La MOE observó que en varios eventos de campaña se utilizó un lenguaje despectivo hacia las mujeres. Mientras que las mujeres candidatas en general experimentaron más obstáculos a la hora de hacer campaña que los hombres, algunas candidatas tuvieron una alta visibilidad, como ocurrió en San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Santa Ana, La Paz e Ilobasco. Los observadores de la UE fueron informados de muchos casos de discriminación por motivos de género dentro de los partidos. Una queja formal fue presentada en la oficina del Fiscal General contra un alcalde en reelección por el uso de lenguaje inadecuado hacia una candidata femenina.

 

Las mujeres continúan infrarrepresentadas en la administración electoral, en particular en las juntas electorales departamentales. Dos mujeres magistradas se encuentra entre los cinco miembros propietarios del TSE.

 

  1. Personas con Discapacidades y Otros Grupos Vulnerables

 

El TSE hizo esfuerzos significativos para proteger los derechos políticos de algunos grupos vulnerables, incluyendo personas con discapacidades y votantes LGBTI.

 

Quince personas con discapacidades fueron contratadas por el TSE para estas elecciones. El material de capacitación, incluyendo el Instructivo para Juntas Receptoras de Votos, especifica la necesidad de proporcionar a los votantes con discapacidades diferentes tipos de asistencia, incluyendo sobres tiflológicos, cabinas de votación especiales y la posibilidad de solicitar asistencia de una persona de su elección. Una semana antes del día de las elecciones, el TSE anunció que 94 centros de votación estaban siendo adecuados para mejorar el acceso a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidades.

 

Cuatro personas que representaban a la comunidad LGBTI, incluyendo a dos mujeres transgénero, fueron incluidas en el plan de reclutamiento de los capacitadores del TSE. El personal de los centros de votación fue instruido específicamente para aceptar la identificación de personas transgénero, incluso cuando la imagen en el DUI o en el listado de votantes no correspondía a su apariencia física y/o a su identidad de género.

 

  1. Población Indígena

 

A pesar de la presencia de votantes indígenas en seis de los 14 departamentos del país, y el hecho de que representan el diez por ciento de la población total,[6], no se observó que los partidos políticos persiguieran estrategias específicas para obtener su voto.

 

La legislación nacional no proporciona medidas concretas para aumentar la participación política de los pueblos indígenas, y ningún candidato indígena como tal fue presentado por ningún partido político. A pesar de la continua discriminación económica, social y cultural de la población indígena, la ley no prevé cuotas ni medidas de acción afirmativa. Contrariamente a las elecciones del 2009 y del 2012, no hubo observación indígena en las últimas tres elecciones.

 

  1. Votación, Escrutinio y Transmisión de resultados

 

Los procedimientos de votación, conteo y transmisión de datos fueron bien implementados, dentro de un proceso transparente que ofreció las garantías suficientes.

 

Día de las Elecciones

 

Los 80 observadores de la MOE de la UE visitaron 365 centros de votación durante el día en los 14 departamentos del país; se observó la apertura de 36 de estos centros de votación. Los observadores presentaron 36 informes de la trasmisión de los resultados desde los centros de votación a lo largo de todo el país. La MOE de la UE consolidó la información de 395 informes de observación.

 

Apertura

El TSE informó que había establecido 9.422 centros de votación dentro de las primeras 2 horas de la apertura oficial. En 25 de los 36 centros de votación en los cuales la apertura fue observada, la apertura se atrasó hasta por 90 minutos, primeramente, debido a razones menores de organización. De las 28.000 personas sorteadas a integrar las juntas mediante un sistema de lotería, solamente alrededor de 7.000 integraron al final las juntas. Algunos designados a través de este sistema se presentaron al deber cívico, pero fueron rechazados ya que el TSE ya había llenado estos cupos con personal nominado por los partidos políticos. Un aspecto positivo, es que todos los trabajadores de las juntas habían sido previamente capacitados y el TSE no tuvo que recurrir a nombrar a miembros no capacitados haciendo cola para votar. La excesiva presencia de actividades partidistas en los centros de votación y en sus alrededores contravenía el período de silencio electoral y, como tal, no contribuyó a un entorno de votación neutral.

 

Votación

Un día de elecciones bien organizado progresó con calma, aunque con una disminución en la participación de los votantes. Los observadores de la MOE de la UE evaluaron la conducta general de las operaciones electorales como ¨muy buena¨ o ¨buena¨ en el 97% de los centros de votación observados. La MOE de la UE observó que los procedimientos fueron aplicados y respetados con algunas excepciones menores. El secreto de voto fue respetado en la gran mayoría de las mesas observadas. La falta de información adecuada acerca de la validez exacta de los documentos únicos de identidad (DUI) dio lugar a disparidad en el trato en algunos casos. La presencia de representantes de los partidos políticos contribuyó a la transparencia del proceso, aunque la MOE de la UE observó que los dos partidos principales estaban sobrerrepresentados en muchos centros de votación. Más del 75% de los centros de votación observados eran accesibles para personas con discapacidades.

 

Cierre y Conteo

Los observadores de la MOE de la UE evaluaron el proceso de conteo de votos como ¨muy bueno¨ o ¨bueno¨ en el 69% de los centros de votación observados. La necesidad de emprender complejos procedimientos de conteo para la votación legislativa y el llenado de las actas de resultados fue demasiado engorroso para los integrantes de las juntas receptoras de votos. El proceso de conteo de los votos municipales fue mucho más fluido y se evaluó como ¨muy bueno¨ o ¨bueno¨ en el 100% de los centros de votación observados. Se observó que los miembros de los partidos estaban bien capacitados y, a medida que recibían una copia del Acta de Resultados del centro de votación, podían verificarlos posteriormente contra los resultados publicados a nivel nacional.

 

Transmisión de Resultados

A las 08:00 de la mañana del día después de las elecciones, el TSE comunicó que ya habían recibido más del 90% de las actas. Los observadores de la UE dieron seguimiento al proceso de monitoreo y transmisión de resultados de los 14 departamentos y evaluaron el proceso como ¨muy bueno¨ o ¨bueno¨ en el 97% de los centros de votación observados. A nivel nacional, la MOE de la UE siguió los protocolos de la recepción, entrada de datos y adición de resultados. La transparencia del proceso se vio enriquecida cuando el TSE publicó en línea las copias de las Actas originales de los resultados. La MOE de la UE permanecerá en el país para dar seguimiento al escrutinio y publicación de los resultados finales.

 

 

 

  1. Quejas y Delitos Electorales

 

Un proceso caracterizado por un bajo nivel de disputas electorales y por la falta de sanciones efectivas.

 

El TSE ejerce competencias jurisdiccionales y admite recursos electorales presentados por los partidos, candidatos y por primera vez en 2018, también por personas que demuestran un interés legítimo comprobado. El TSE también abre procedimientos administrativos ex oficio. El TSE sancionó con multas a cinco casos de violaciones de las reglas de campaña de un total de 63 casos iniciados. El TSE examinó un bajo número de apelaciones presentadas por las Juntas Electorales Departamentales para su revisión.

 

La Fiscal Electoral, con el mandato de supervisión legal del proceso electoral, recibió alrededor de 75 casos de presuntas infracciones electorales o fraude. Todos los casos están bajo investigación.

 

La Sala de lo Constitucional es la instancia más alta de apelación sobre los casos que afectan los derechos constitucionales. Recibió quince casos de revisión que actualmente se están tramitando. La Sala da prioridad a la revisión de los casos según criterios de urgencia y justicia oportuna. Tres casos corresponden a la revisión del registro de candidatos después de que los recursos administrativos fueron agotados y otro pide la revisión del veto presidencial con respecto a los Documentos de Identidad Únicos (DUI) caducados.

 

 

La Unión Europea fue invitada por el Gobierno de El Salvador para observar las Elecciones Legislativas y Municipales de 2018, y la UE firmó un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de El Salvador y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 25 de enero de 2018. La MOE de la UE está encabezada por Carlos Iturgaiz, miembro español del Parlamento Europeo. La misión está formada por un equipo central de nueve analistas que han estado en el Salvador desde el 27 de enero, 28 observadores de largo plazo (OLPs), que han estado presentes desde el 4 de febrero, y 28 observadores de corto plazo (OCPs), que han estado presentes desde el 26 de febrero. Además, la misión está acompañada por 20 observadores de corto plazo de la comunidad diplomática de los Estados miembros de la UE residentes en el Salvador y una delegación de cinco miembros del Parlamento Europeo, encabezados por Javier López eurodiputado español. Los observadores de la misión procedían de 27 Estados Miembros de la UE así como de Noruega.

 

La MOE de la UE sigue en el país para observar los resultados finales de la agregación de resultados del escrutinio y los desarrollos post-electorales. La MOE de la UE publicará un informe final, con recomendaciones detalladas, dentro de los dos meses siguientes a la conclusión del proceso electoral. La MOE de la UE evalúa todo el proceso electoral a la luz de obligaciones internacionales y los compromisos por elecciones democráticas, así como las leyes de El Salvador. La MOE de la UE es independiente en sus hallazgos y conclusiones y se adhiere a la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones firmada en las Naciones Unidas en octubre de 2015.

 

 

 

La versión en el idioma inglés de la declaración preliminar de la MOE UE es la única versión oficial

 

Para consultas de medios, favor contactar a Alessandro Gori, Oficial de Prensa de la MOE de la UE

Tel. +503 7164 7977 / Email: alessandro.gori@moeue-elsalvador.eu

 

[1] Otros compromisos regionales incluyen la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer.  

[2] La Constitución de El Salvador de 1998; el Código Electoral de 2013, la Ley de Partidos Políticos del 2013, las Disposiciones para la Postulación de Candidaturas no Partidarias de 2010, la Ley del Registro Nacional de las Personas Naturales y su Reglamento de 1995, la Ley sobre la Emisión del Documento de Identidad del 2001, las reglas para el Voto Residencial de 2005, la Ley para el Voto en el Exterior en las Elecciones Presidenciales de 2013 y el Reglamento para la Observación Electoral de 2014.

 

[3] Algunas opciones, tales como el conteo de voto electrónico, no se pudo hacer debido a las limitaciones financieras.

 

 

[4] Código Electoral, Artículo 142. La Constitución, el Código Electoral y las Disposiciones para la Postulación de Candidaturas no Partidarias detallan los criterios para el registro de candidatos.

[5] El 5 de febrero, la MOE lanzó un monitoreo cualitativo y cuantitativo de cuatro canales de televisión – público: Televisión nacional de el Salvador (TVES); privado: canal 6; Canal 19; Canal 29 (Gentevé); tres estaciones de radio-pública: Radio Nacional de el Salvador (RNES); privado: Radio Maya Visión; Radio YSKL; Diarios-privados: Diario Co Latino; El Diario de Hoy; La Prensa Gráfica.

 

[6] De acuerdo al informe presentado por El Salvador al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2002: Informe CCPR/C/SLV/2002/3, p. 173.

 

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