Nicaragua: Declaración del alto representante, Josep Borrell, sobre la situación en Nicaragua en vísperas de las elecciones de noviembre

09.08.2021

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, vicepresidenta, quieren ganar las elecciones sin competidores. Su decisión, ejecutada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de privar al último partido político de la oposición de su personalidad jurídica antes de las elecciones generales de noviembre acaba con cualquier expectativa de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha quedado eliminada. Los nicaragüenses se ven privados del derecho humano y civil básico a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, en consonancia con la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos.

La UE ha condenado firmemente la adopción de leyes restrictivas, así como la continua represión sistemática y la detención arbitraria de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles, cabecillas de movimientos campesinos, periodistas y representantes empresariales. El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo deben poner coto a esta espiral autocrática y cambiar de rumbo. La UE insta a las autoridades nicaragüenses a que liberen a todos los presos políticos, restablezcan los partidos políticos, deroguen leyes restrictivas y permitan unas elecciones libres y justas con miras a la reconciliación y a una solución democrática. La unidad cívica de todos los interlocutores sociales, económicos y políticos nicaragüenses en favor de un cambio democrático pacífico sigue siendo indispensable para construir un futuro mejor. La UE colaborará con la comunidad internacional para defender el diálogo y la democracia y fomentar el respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos en Nicaragua.

A este respecto, el 30 de julio el Consejo decidió imponer sanciones selectivas a ocho personas más, responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua o cuyas acciones fueron en detrimento de la democracia o el Estado de Derecho. Esta decisión se tomó tras unos intentos persistentes de diálogo y de contactos críticos, aunque constructivos, con las autoridades nicaragüenses. La UE seguirá empleando todos los instrumentos a su alcance para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política que sufre Nicaragua.

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