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Apoyo de la Unión Europea por 3,5 millones de euros a la Jurisdicción Especial para la Paz

Colombia, 27/07/2020 - 20:08, UNIQUE ID: 200727_8
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Bogotá, 27 de julio de 2020 La Unión Europea (UE) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzan este martes 28 de julio un proyecto por 3,5 millones de euros (14.700 millones de pesos) para apoyar el mandato de la JEP y fortalecer su capacidad de investigación y producción de resultados que contribuyan a sus acciones durante los próximos 18 meses.

(Bogotá, 27 de julio de 2020.-  La Unión Europea (UE) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzan este martes 28 de julio un proyecto por 3,5 millones de euros (14.700 millones de pesos) para apoyar el mandato de la JEP y fortalecer su capacidad de investigación y producción de resultados que contribuyan a sus acciones durante los próximos 18 meses.

El proyecto ofrece apoyo técnico y recursos humanos que favorecen llegar a regiones apartadas donde se promoverá la participación de las víctimas y una pedagogía y acceso a la información de comunidades que sufrieron el conflicto armado interno. Así mismo, reforzará equipos estratégicos de la JEP y fortalecerá las capacidades de recopilación, análisis y contrastación de información que permitan producir resoluciones de conclusiones y también abrir nuevos casos en el corto plazo.

“Valoramos profundamente el trabajo de la JEP, un sistema innovador que es pieza fundamental para la paz y la reconciliación en el país basado en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un sistema que nos proyecta a una justicia diferente a la que acostumbramos, una justicia esencialmente restaurativa y reparadora, donde su valor radica en garantizar la verdad plena y los derechos y la dignidad de las víctimas. Un sistema que se convierta en referencia para otros procesos de paz en el mundo.”, afirmó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart.

De igual manera esta iniciativa apoyará el diseño operativo del sistema de monitoreo y vigilancia de las sanciones propias o sanciones restaurativas y el mecanismo de seguimiento frente a las decisiones judiciales que se adopten. En este sentido, la JEP escuchará y consultará con los actores sociales e institucionales en las regiones de Colombia para conocer sus expectativas y propuestas para orientar el diseño y la aplicación del monitoreo de sanciones.

“El trabajo de la JEP y las otras instituciones del Sistema de Justicia Transicional en la construcción de la paz en Colombia está siendo esencial. El de la JEP es una labor relativamente nueva con grandes desafíos con macro casos de gran importancia, como el del secuestro, con un número muy importante de víctimas que han sido acreditadas. Observamos con admiración esta justicia en el contexto de una Colombia que tiene la oportunidad de una paz valiente con la reconciliación como motor”, agregó la embajadora Llombart

El proyecto será implementado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) quienes, además de su experiencia y trabajo en Colombia desde 2005, ofrecerán acompañamiento y asesoría internacional, siempre con el objetivo de fortalecer los mecanismos nacionales para la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y lograr un mayor conocimiento y diálogo en torno a la justicia transicional.

El nuevo aporte a la paz de Colombia se suma a los apoyos de la Unión Europea a las otras instituciones del Sistema Integral de Justicia Transicional (Comisión de la Verdad y Unidad de búsqueda).

“Como suelo señalar a menudo, la financiación de la paz y de sus instituciones está en manos del Estado colombiano, quien asegura los recursos necesarios para la implementación y el correcto funcionamiento de las instituciones. Los aportes de la UE buscan sumar energías y acompañar la tarea del Gobierno, de las instituciones de la paz y de la sociedad civil en la implementación de la paz”, concluyó la embajadora.La meta es apoyar y fortalecer la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, elementos esenciales que garantizan la aplicación de la justicia transicional establecida en el Acuerdo de Paz.