El Consejo ha prorrogado ayer las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua por un año más, hasta el 15 de octubre de 2026.
Las medidas restrictivas actualmente vigentes se aplican en total a veintiuna personas y tres entidades. Quienes figuran en la lista de sanciones están sujetos a la inmovilización de bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de estas personas y entidades. Las personas físicas también están sujetas a la prohibición de viajar, lo que les impide entrar en el territorio de la UE o transitar por él.
La UE reitera su llamamiento en favor del restablecimiento de las libertades fundamentales en Nicaragua, la liberación de todos los presos políticos restantes y el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos. La UE también destaca la necesidad de que se ponga fin a las restricciones al espacio cívico, se respete el derecho a disentir y se acabe con todo tipo de represión, tanto en Nicaragua como en el extranjero. Además, la UE invita a Nicaragua a que reanude la cooperación con las Naciones Unidas y otras instancias internacionales de gran importancia, como el Consejo de Derechos Humanos.
La UE reitera su apoyo al pueblo nicaragüense y su determinación de defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La crisis política actual en Nicaragua debe resolverse mediante un verdadero diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Contexto
El marco de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019. Con él se aborda el deterioro continuado de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua, a raíz de que el Consejo expresara reiteradamente su preocupación por la evolución de la situación en el país. Los Estados miembros de la UE revisan anualmente las medidas restrictivas vigentes.
