La Unión Europea en Ecuador valora el acto simbólico de disculpas públicas realizado el pasado 31 de mayo en la Plaza Grande de Quito, en el que el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos cometidas contra 342 personas trabajadoras de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, quienes fueron declaradas víctimas de esclavitud moderna y servidumbre de la gleba por la Corte Constitucional en diciembre de 2024. 

Este acto constituye un avance significativo en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación. No obstante, observamos con atención que el contenido del mensaje oficial no incluyó algunos elementos esenciales señalados por la Corte Constitucional, como el reconocimiento del racismo estructural, el abandono institucional prolongado y las garantías de no repetición, los cuales consideramos fundamentales para una reparación integral.

La Unión Europea reafirma su compromiso con el pleno cumplimiento de la sentencia, en consonancia con los principios internacionales de derechos humanos. Consideramos que este acto simbólico debe ir acompañado de medidas concretas que aseguren una reparación efectiva para todas las personas afectadas, incluidas aquellas aún no identificadas formalmente, así como la adopción de políticas públicas sostenidas que prevengan la repetición de hechos similares.

A lo largo de este proceso, la Unión Europea ha acompañado a las víctimas en calidad de observador y aliado de la sociedad civil. Reconocemos el papel esencial de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y de las organizaciones de víctimas, cuyo trabajo ha sido clave en la búsqueda de justicia. Reafirmamos también nuestro respaldo a los derechos laborales, la erradicación de la esclavitud moderna, la lucha contra el racismo estructural, y el acceso efectivo a la justicia y a la reparación. 

Confiamos en que el Estado ecuatoriano continuará avanzando en la implementación de las disposiciones emitidas por la Corte Constitucional, y que las empresas involucradas asumirán sus responsabilidades de manera diligente. La reparación integral no solo representa una obligación legal, sino también una oportunidad histórica para reconocer la dignidad de quienes vivieron durante décadas en condiciones inhumanas. 

La Unión Europea continuará acompañando este proceso desde su compromiso con los derechos humanos, el Estado de derecho y la justicia para todas las personas.