Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana

Reporte país sobre Derechos Humanos 2017

Bruxelles, 04/06/2018 - 23:42, UNIQUE ID: 180604_22
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República Dominicana

Aunque se respetan formalmente los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el país, existen fallas frecuentes en su implementación práctica y problemas serios siguen ignorados. El Estado de derecho suele prevalecer y la mayoría de las convenciones relevantes han sido ratificadas, con excepción de la Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. No obstante, quedan todavía desafíos importantes, incluyendo el alto número  de ejecuciones extrajudiciales, torturas y maltratos; la conducta de las fuerzas de seguridad; la corrupción; la colusión y la impunidad; condiciones de detención y prisión preventiva; violencia crónica contra las mujeres y los niños; derechos de las minorías vulnerables, incluyendo los derechos de los migrantes y sus descendientes nacidos en la República Dominicana; y el tráfico de personas. Sin embargo, se destacan varios avances positivos respecto a la protección de los derechos humanos. La Procuraduría General  ha lanzado un Plan Nacional contra la violencia de género para reducir el número de feminicidios y para proporcionar a las víctimas una ayuda eficaz además de  reforzar la investigación judicial contra los perpetradores. Un proyecto de ley completo contra la discriminación ha sido elaborado en 2017. Si se adopta, sería la primera legislación de este tipo en el Caribe. Un nuevo sistema de monitoreo de las recomendaciones internacionales permitirá un mejor seguimiento y aplicación. Santo Domingo albergó el 3er. Encuentro de Líderes políticos LGBTI de América Latina y el Caribe. Aunque existe un marco institucional de protección adecuado, éste permanece deficiente. Una unidad especial de la Procuraduría General investiga los casos de abusos de los derechos humanos y las discriminaciones, aunque carece de recursos.  La independencia del Defensor del Pueblo podría ser mejorada y aún debe adecuarse a los Principios de Paris.

Siguiendo las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) 2014, la República Dominicana estableció un Plan Nacional de derechos humanos 2015-2020 en el marco de un amplio proceso consultivo apoyado por la Unión Europea, pero las autoridades no lo han hecho público. El funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas sigue siendo un desafío. La corrupción, impunidad y fragilidad de los principios de Estado de derecho tienen varios efectos negativos que permiten que las amenazas a la seguridad humana prosperen. En 2017, dos periodistas y un profesor de universidad conocidos por sus posiciones anticorrupción fueron asesinados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció varios casos de colusión entre las autoridades judiciales, la policía y el crimen organizado. El movimiento Marcha Verde contra la corrupción y el crimen ha seguido ganando apoyo pero ha recibido crecientes presiones. La implementación de las reformas policiales y la reglamentación  del uso de la fuerza son etapas necesarias,  pero considerando las 180 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el 2017, es urgente el establecimiento de  controles más estrictos y de sanciones contra los abusos.

Además, los largos periodos de  prisión preventiva  y las prisiones superpobladas que no cumplen  los estándares de seguridad están generalizados, mientras que las discriminaciones  contra  las personas discapacitadas o con orientación sexual diferente persisten, así como las altas tasas de prevalencia del VIH/SIDA. Mujeres y niños son los grupos  más vulnerables. En 2017, el número de feminicidios sigue imparable  con más de 200 víctimas. Falta que el Congreso apruebe un nuevo Código Civil prohibiendo los matrimonios de menores;  33% de las niñas menores de 18 años y una de cada diez menores de 15 años están casadas. A pesar de la  alta tasa de mortalidad infantil en parte debido a  los abortos clandestinos, la República Dominicana sigue siendo uno de los 5 países donde el aborto está criminalizado en cualquier circunstancia.    

La República Dominicana comparte la isla La Española con Haití, el país más pobre en las Américas. Las enormes discrepancias de desarrollo han sido tradicionalmente un factor de atracción muy potente para los migrantes, generando numerosos y duraderos desafíos en materia de derechos humanos. A pesar de los continuos esfuerzos,  particularmente en la región fronteriza,  los migrantes siguen siendo frecuentes víctimas de explotación, abusos y tráfico de seres humanos, además de estar expuestos a deportaciones irregulares. Como resultado de la decisión de la Corte Constitucional que privó retroactivamente de su ciudadanía dominicana a miles de descendientes haitianos, la República Dominicana sigue siendo el país donde se encuentra la mayor población beneficiaria de  ayuda por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en las Américas. La implementación integral de la legislación adecuada por parte del gobierno junto con el apoyo de la Unión Europea debería contribuir a abordar el problema. Desde luego, el reconocimiento de la existencia legal de estos individuos les permitirá acceder a los derechos y obligaciones que les atañen.

La Unión Europea sigue contribuyendo de manera significativa al reforzamiento del Estado de derecho y de las instituciones, previniendo la impunidad y protegiendo a las poblaciones vulnerables, incorporando consideraciones relativas a  los derechos humanos dentro de sus programas de cooperación - incluyendo el desarrollo productivo inclusivo y el fomento de capacidades para empleos de calidad, así como  la reforma institucional de la administración pública  con iniciativas tales como el Premio Nacional de Derechos Humanos.

La Delegación se asocia activamente con  las autoridades a través de varias reuniones y diálogos, incluyendo el Dialogo Político bianual previsto por el artículo 8 de los Acuerdos de Cotonú. Manteniéndose en contacto cercano con las autoridades dominicanas, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, la UE ha impulsado la mejora de la protección de los derechos humanos y ha ofrecido al gobierno un apoyo político constante. A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y del Instrumento de la UE en pro de la Estabilidad y la Paz, la Unión Europea ha apoyado de manera activa a los derechos de las mujeres, ha elaborado un plan de acción de género y ha sensibilizado con  éxito a los miembros del Parlamento sobre el tema de igualdad de género. La UE también reforzó activamente  la protección de los migrantes y la documentación de los dominicanos de ascendencia haitiana, permitiéndoles una mejor protección de sus derechos y contribuyendo a aliviar las tensiones entre ambos países.

Desde una perspectiva multilateral, se han registrado importantes acontecimientos a lo largo del año 2017. En su informe anual sobre los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a la República Dominicana en su lista de los países en que las violaciones de derechos humanos requerían una "atención especial". El informe menciona la "discriminación racial persistente y estructural contra las personas de ascendencia haitiana", en particular respecto al "reconocimiento de nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operaciones anti-inmigración y deportaciones colectivas" y lamenta la falta de cooperación por parte de las autoridades. Estas respondieron a la CIDH invitándola a visitar el país en noviembre para constatar directamente la situación de los derechos humanos de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables. Además, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños visitó el país, lo que constituyó la primera visita desde 2007 de un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre los acontecimientos positivos, los más relevantes tenían que ver con la lucha contra la pobreza, los progresos en materia de educación y los esfuerzos contra el tráfico de personas. No obstante, permanecen incumplidas importantes recomendaciones sobre los matrimonios precoces o forzados, abusos sexuales domésticos,  explotación sexual en el turismo y de niños  migrantes no acompañados. Los dominicanos siguen privados de acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia ha sido rechazada por la Corte Constitucional Dominicana en 2014.

El siguiente Examen Periódico Universal (EPU) sobre la República Dominicana está previsto para enero-febrero 2019.

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