Acuerdo Comercial Multipartes entre el Perú, Colombia y la Unión Europea

El Acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú entró en vigencia el 1º de marzo de 2013. Según las estimaciones de la Comisión Europea, cuando el Acuerdo Comercial, los exportadores de la UE se ahorrarán 270 millones de euros anuales en concepto de derechos de aduana. También contribuirá a una mayor apertura de los mercados por ambas partes e incrementará la estabilidad y previsibilidad del marco comercial.

 

Principales ventajas del Acuerdo

  1. El Acuerdo abre oportunidades de mercado a las principales industrias exportadoras de la UE, que se benefician de la supresión de aranceles. Por ejemplo, representa más de 33 millones de euros de reducción de aranceles para el sector del automóvil y piezas de automóviles, alrededor de 16 millones de euros para los productos químicos y unos 60 millones de euros para los productos textiles. Otras importantes reducciones arancelarias son las de productos farmacéuticos y telecomunicaciones.
  2. La UE abre su mercado a los exportadores de Perú y Colombia, liberalizando desde la entrada en vigor del Acuerdo los productos industriales y pesqueros y otorgando concesiones arancelarias importantes a la agricultura. Se espera que ello tenga un impacto directo en el crecimiento y el empleo de estos países, así como que contribuya a hacer progresar la cadena de valor de sus economías.
  3. El Acuerdo establece un conjunto de normas que van más allá de lo acordado en el marco multilateral, entre otras cosas sobre barreras no arancelarias para el acceso al mercado, competencia, transparencia y derechos de propiedad intelectual, y permite en particular proteger más de 100 indicaciones geográficas de la UE en los mercados de Colombia y Perú.
  4. El Acuerdo promueve las mejores prácticas acordadas a escala internacional, garantizando al mismo tiempo un entorno transparente, no discriminatorio y previsible para los operadores y los inversores a través de un mecanismo destinado a abordar las barreras no arancelarias, así como, en su caso, un mecanismo avanzado de solución de diferencias bilaterales.
  5. El Acuerdo incluye también un capítulo sobre cooperación para promover la competitividad y la innovación, modernizar la producción y facilitar el comercio y la transferencia de tecnología entre las Partes.
  6. Por último, el Acuerdo cuenta con una cláusula de adhesión que abre la puerta a la participación en él a otros países miembros de la Comunidad Andina, cuando lo consideren conveniente.

Trato nacional

El artículo 21 del Acuerdo confirma las obligaciones de las partes según la Organización Mundial de Comercio respecto al Trato Nacional. La aplicación de tales compromisos, tal como se aplican a una serie de obstáculos no arancelarios, es la que determina la eficacia del Acuerdo a la hora de facilitar el comercio.

En relación con las medidas comerciales no arancelarias, todas las Partes acuerdan:

  1. No adoptar ni mantener ninguna prohibición ni restricción sobre la importación de ninguna mercancía procedente de otra parte ni sobre la exportación o venta para la exportación de ninguna mercancía destinada al territorio de la otra parte (a saber, restricciones cuantitativas);
  2. No adoptar ni mantener ningún derecho ni impuesto, aparte de los cargos internos aplicados de conformidad con el tratamiento nacional;
  3. Habilitar o mantener, preferiblemente a través de Internet, información actualizada de todas las tarifas o cargos impuestos en relación con la importación o exportación;
  4. Garantizar que los procedimientos de concesiones de licencias a la importación y exportación sean compatibles con la OMC; y
  5. Garantizar que las empresas comerciales nacionales no operen de manera que generen obstáculos al comercio.

Obstáculos técnicos al comercio

Existen una variedad de ámbitos en los que el comercio puede verse obstaculizado (deliberadamente o no) por los requisitos administrativos, legales e institucionales de un país.

El Capítulo IV sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) reafirma los derechos y las obligaciones en el marco del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los OTC, pero pretende mejorar estas últimas disposiciones a través de la cooperación y de medidas más estrictas en términos de procedimientos. Esto está en consonancia con la política comunitaria que regula los Acuerdos de Libre Comercio. El acuerdo de la OMC sobre OTC requiere tratamiento nacional de los reglamentos técnicos y de la evaluación de cumplimiento e incluye un Código de conducta para los organismos responsables de la elaboración de las normas. Si se aumenta la cooperación, será posible mejorar con respecto al acuerdo de la OMC sobre las OTC.

Solo se requiere a las Partes que recomienden a los organismos privados responsables de la elaboración de normas que sigan las disposiciones del Capítulo IV. Se hace hincapié en varias opciones para la evaluación de la conformidad para acomodar las diferencias de enfoque existentes, y esto es común actualmente en otros Acuerdos de Libre Comercio de la UE.

Las principales medidas procedimentales están relacionadas con la notificación previa de los reglamentos técnicos y la obligación de ofrecer respuestas escritas a las opiniones que manifieste la otra Parte. Se prevé asistencia técnica (por parte de la UE) y se establece un Subcomité para que vele por la aplicación.

Propiedad intelectual

El Acuerdo reafirma el compromiso de las partes con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido como ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés) y el Convenio sobre la diversidad biológica y concede trato nacional y trato de Nación más favorecida (NMF), y reafirma el compromiso de las Partes con los acuerdos pertinentes sobre derechos de autor (el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión y los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas) y las patentes (el Tratado de Budapest).

No obstante, solo hay unos pocos compromisos específicos aplicables que van más allá de estas disciplinas generales. En el caso de la biodiversidad, por ejemplo, las Partes acuerdan cooperar «para asegurar que los derechos de propiedad intelectual apoyen y no se opongan» a los derechos de las comunidades indígenas y locales, pero «con sujeción a sus legislaciones nacionales» (artículo 201, apartado 6). Se aplica una advertencia similar al compromiso de respetar, preservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales…. (Artículo 201, apartado 30).

En relación con las marcas registradas, el Acuerdo compromete tanto a la UE como a Colombia a adherirse al «Protocolo de Madrid» de 1989 en un plazo de 10 años, pero en el caso de Perú, el requisito consiste únicamente en que «haga todos los esfuerzos razonables para adherirse» (artículo 202, apartado 2).

Las disposiciones sobre las indicaciones geográficas son mucho más explícitas y rigurosas. Todas las partes deben respetar las indicaciones geográficas incluidas en el Anexo XIII, así como todas las incorporaciones acordadas en el futuro y oponerse a registrar futuras marcas comerciales para el suministro de productos idénticos o similares de otro origen. En el caso de la UE se deben proteger más de cien indicaciones geográficas a la entrada en vigor del Acuerdo mientras que el caso de Perú son cuatro.

En cuanto a protección de datos, el Acuerdo no incluye ninguna prolongación de la duración de las patentes, una norma de cinco años sobre la protección de datos y ofrece flexibilidad en relación con el acceso a los medicamentos básicos, tal como se contempla en la Declaración de Doha de 2003 sobre Comercio y Medicamentos Básicos. Los procedimientos para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual se enuncian con cierto detalle (Capítulo 4). Sin embargo, al igual que en el Acuerdo sobre los ADPIC, los tribunales de cada Parte serán los que tengan jurisprudencia para juzgar cualquier presunta infracción.

La función del Acuerdo es de obligar los gobiernos a garantizar que el sistema de la administración de justicia reconozca los derechos de propiedad intelectual y que los propietarios de derechos extranjeros tengan el mismo acceso a la justicia que los nacionales. Sin embargo, el Acuerdo no requiere ningún tratamiento especial para la propiedad intelectual distinto del previsto para la aplicación de la legislación en general y tampoco conlleva ninguna implicación para los recursos previstos para la aplicación de la ley en general, o de la legislación que regula la propiedad intelectual en particular.

Inversiones

El Acuerdo prevé la liberalización de la inversión en forma de acceso al mercado a través del establecimiento y la concesión de tratamiento nacional, sujeto al compromiso establecido en el Anexo VII del Acuerdo.

Perú ha mantenido exenciones horizontales para todos los sectores, como el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en función de los derechos o las preferencias de las minorías desfavorecidas a nivel económico o social y de los grupos étnicos. No hay restricciones adicionales sobre el tratamiento nacional o el acceso al mercado en su programa para la minería y la explotación de canteras.

Finalmente, el Acuerdo no cubre disposiciones sobre protección de inversiones, tales como aquellas disposiciones relativas específicamente a la expropiación y el trato justo y equitativo, ni cubre los procedimientos de solución de controversias inversor-Estado. La protección de la inversión se trata en los diferentes tratados de inversión bilaterales negociados entre la UE y los Estados miembros que continúan siendo válidos.

Servicios

En el siguiente cuadro se resume el alcance principal de la liberalización previsto por el acuerdo en materia de Comercio de Servicios, Establecimiento y Comercio Electrónico en relación con el suministro transfronterizo de los servicios (Modos 1 y 2) y el derecho de establecimiento (Modo 3). En ambos casos, se ha adoptado un enfoque de lista positiva para las modalidades de negociación.
Esto significa que sólo los sectores indicados quedan cubiertos por las obligaciones de tratamiento nacional del Acuerdo. Las disposiciones generales incluidas en el capítulo complementario contemplan por tanto las excepciones de subsectores específicos. En este sentido, la modalidad de negociación general adoptada constituye un enfoque mixto o híbrido.

Ámbito de aplicaciónSuministro transfronterizo
de los servicios (modos 1 y 2)
Establecimiento (modo 3)
Definición

El suministro de un servicio:
a) del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte (modo 1); y b
) en el territorio de una Parte al consumidor de servicios de la otra Parte (modo 2).
Las medidas que afecta al suministro fronterizo están relacionadas con:
a) la adquisición, el pago o el uso de un servicio; y
b) el acceso a y el uso de, en relación con el suministro transfronterizo
de un servicio, servicios solicitados por la Parte para ofrecerlos al público en general

Cualquier tipo de empresa o profesional mediante:
a) la constitución, adquisición o mantenimiento
de una persona jurídica, o la creación o el mantenimiento
de una filial o una sucursal en el territorio de la Parte
a fin de realizar una actividad económica.
Cobertura sectorialUniversal, salvo los servicios audiovisuales,
el cabotaje marítimo nacional,
y los servicios de transporte aéreo nacional e internacional
Universal, salvo la minería o la fabricación de materiales nucleares,
la producción o el comercio de armas y municiones,
los servicios audiovisuales,
el transporte de cabotaje de vías navegables,
el procesamiento, la eliminación y el desecho de residuos tóxicos, y
los servicios de transporte aéreo nacional e internacional.
Modalidad de negociaciónListas positivasListas positivas
Nación más favorecidaNinguna disposiciónNinguna disposición
Trato nacionalDisposición general, Artículo 120Disposición general, Artículo 113
Acceso al mercadoDisposición general, Artículo 119Disposición general, Artículo 112
RevisiónNinguna disposiciónEl artículo 116 sobre promoción de inversiones y revisión,
que establece que con miras a una liberalización progresiva de las inversiones,
la UE y los Países Andinos signatarios,
en el ámbito de sus respectivas competencias,
buscarán la promoción de un entorno atractivo y estable para la inversión recíproca.
Esto incluye la revisión del marco legal de la inversión, el entorno de las inversiones y el flujo de inversiones.
Dicha revisión tendrá lugar a más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Para los sectores cubiertos, no se permiten las siguientes limitaciones cuantitativas sobre el acceso al mercado:

  • el número de establecimientos, incluidos cuotas, monopolios, derechos exclusivos u otros requisitos como las pruebas de las necesidades económicas;
  • el valor total de las transacciones o los activos en forma de cuotas o de pruebas de necesidades económicas;
  • el número total de operaciones o la cantidad total de producción;
  • el número total de personas físicas que pueden emplearse en una actividad o establecimiento económicos concretos;
  • la participación del capital extranjero como límite porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas; y
  • medidas que restringen o requieren tipos de establecimientos o de empresas conjuntas específicos a través de los cuales un inversor de otra parte puede desarrollar una actividad económica.

Tal como se ha indicado en el Cuadro anterior, las partes acuerdan realizar una revisión de los flujos de inversión y de su promoción, antes de que hayan transcurrido 5 años desde la aplicación del Acuerdo. Las limitaciones sobre el establecimiento en el mercado peruano se incluyen en los siguientes sectores:

  • pesca y acuicultura;
  • minería y explotación de canteras;
  • distribución de energía eléctrica, gas y agua;
  • transporte fluvial interior (y servicios complementarios);
  • prisiones y servicios de seguridad.

También se establecen limitaciones en las propiedades de los extranjeros en las regiones ribereñas, en las costas nacionales o en los territorios insulares.

En relación con el suministro transfronterizo de servicios, en el Anexo VIII del Acuerdo se enumeran los sectores cubiertos. Los compromisos asumidos por Perú en todos los sectores del Acuerdo superan significativamente a los contemplados en el GATS.

En términos generales, los sectores servicios liberalizados por la UE coinciden con sus intereses clave. Como se ha mencionado anteriormente, los compromisos ofrecidos por Perú, como mínimos, son tan positivos como los que ofrece Perú en otros Acuerdos de Libre Comercios importantes y, en algunos casos, la UE ha obtenido mejores concesiones en relación con: El personal clave y servicios de transporte marítimo y aéreo.

El Modo 4 de la terminología de GATS contempla el acceso de las personas físicas que prestan servicios. La decisión de la UE de conceder acceso preferencial al mercado a Perú en relación con los ámbitos sensibles del Modo 4, es decir, a los proveedores de servicios contractuales y a profesionales independientes, está en consonancia con la política comunitaria en otras negociaciones y Acuerdos de Libre Comercio. El Capítulo 4 sobre la presencia temporal de las personas físicas con fines empresariales es aplicable a todas las medidas relacionadas con la entrada y la estancia temporal de personal clave en su territorio, así como de alumnos graduados, vendedores de servicios empresariales, proveedores de servicios contractuales, profesionales independientes y visitantes a corto plazo con fines empresariales.

Al mismo tiempo, estas categoría del personal están vinculadas con los sectores comprometidos en relación con el Establecimiento (Modo 3) y con el Suministro transfronterizo de servicios en el caso de los proveedores de servicios empresariales. Los principios normativos se establecen en el Capítulo V específicamente para: servicios informáticos, servicios de correo postal y mensajería, telecomunicaciones, servicios financieros, servicios marítimos y comercio electrónico, etcétera.

Desarrollo sostenible

El Título IX del Acuerdo, titulado «Comercio y Desarrollo Sostenible», contiene un conjunto independiente de disposiciones relativas a las normas laborales y medioambientales.

  1. Cooperación
    El Acuerdo prevé una larga lista de actividades de cooperación relativas a la protección laboral y ambiental en el marco de las actividades de cooperación habituales de la UE.
    Las Partes también acuerdan «promover» varios intereses, como «el comercio y la inversión extranjera directa en bienes y servicios ambientales, las mejores prácticas empresariales relacionadas con la responsabilidad social corporativa, y mecanismos flexibles que contribuyan al desarrollo sostenible» (artículo 271), así como el cambio climático (artículo 275).
  2. Obligaciones
    Más allá de la cooperación, las partes «reconocen» que el Acuerdo incorpora, por referencia, los convenios fundamentales de la OIT y determinados acuerdos medioambientales multilaterales, por lo que estas obligaciones se convierten en vinculantes en virtud del Acuerdo.

En relación con las normas laborales, el Acuerdo establece que cada Parte se compromete con la promoción y aplicación efectiva en sus leyes y prácticas en todo su territorio de las normas fundamentales de trabajo reconocidas a nivel internacional, tal como se encuentran contenidas en los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante «OIT»): a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y d) la eliminación de toda discriminación en lo que se refiere al empleo y la ocupación.

En relación con las normas medio ambientales, las Partes «reafirman su compromiso de aplicar de manera efectiva en sus leyes y prácticas» una lista de acuerdos medioambientales multilaterales. Así, las Partes se comprometen a no reducir sus niveles de protección para incentivar el comercio o la inversión y a no dejar de aplicar de manera efectiva sus leyes ambientales y laborales, de manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes.

Compras públicas

El tema de las contrataciones públicas se trata en el Título VII y en el Anexo XII del Acuerdo. El texto principal establece los principios generales y el alcance del Acuerdo mientras el Anexo se establece las entidades de contratación contempladas, el umbral para el valor de los contratos sobre los que se aplican las disposiciones y cualquier contratación que quede excluida (por ejemplo, el apoyo a la agricultura, los programas sociales y el equipo de defensa sensible). En el Anexo también se establecen las características principales del proceso para la adjudicación de contratos públicos: dónde han de publicarse las ofertas, los requisitos documentales, las adjudicaciones de contratos y los plazos.

En términos generales, el acuerdo habilita una amplia proporción de la contratación pública a las empresas mediante la concesión del tratamiento nacional. No obstante, dicha «liberalización» se aplica solo a las entidades de compra contempladas en los programas del país que superan los umbrales de valor contractual que se aplican a cada tipo de contratación pública. Estos umbrales son 130 000 DEG (Derechos especiales de giro) para los bienes y los servicios, 5 millones DEG para la construcción y 400 000 DEG para los bienes y servicios adquiridos por las entidades públicas (y por el Gobierno local en Perú). Estos umbrales se establecen para maximizar el ámbito de cobertura, al mismo tiempo que se minimizan los costes de conformidad y se ajustan los que están establecidos en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC.

Antecedentes

El Acuerdo Comercial se empezó a negociar entre la UE y Colombia, Ecuador y Perú en enero de 2009. Ecuador suspendió su participación en las negociaciones en julio de 2009. Se celebraron nueve rondas de negociación entre enero de 2009 y marzo de 2010, fecha en la que las negociaciones concluyeron positivamente.

El Acuerdo con Perú entró en vigor el 1 de marzo de 2013. Se aplica provisionalmente hasta que se complete el proceso de ratificación por los 28 Estados miembros de la UE. Las empresas, sin embargo, pueden beneficiarse de todas las preferencias comerciales que figuran en el acuerdo desde el primer día de la aplicación provisional.

La UE es la tercera fuente las importaciones peruanas (principalmente maquinaria y equipos de transporte) y el principal destino de sus exportaciones (principalmente combustibles y productos mineros). El acuerdo comercial representa una oportunidad importante para las exportaciones agrícolas y pesqueras peruanas, que ya representan casi un tercio de todas las exportaciones del país a la UE. El comercio UE–Perú ha crecido significativamente en los últimos años y su volumen alcanzó los € 9,2 miles de millones de euros en 2011, lo que corresponde al 16% del volumen  comercial de Perú.

La UE sigue siendo el mayor inversionista en el Perú (más del 50% del total de la Inversión Extranjera Directa), concentrándose principalmente en las comunicaciones, las industrias extractivas, la banca y las finanzas.

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